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Amnistía Internacional denuncia crisis de seguridad en Brasil

La crisis de seguridad pública en Brasil se intensificó en 2014 por el aumento en el número de homicidios, el alto grado de letalidad de las operaciones policiales, el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, motines con muertes violentas en prisiones hacinadas y casos de tortura. Las informaciones constan en el capítulo sobre Brasil del “Informe 2014/15 – La situación de los Derechos Humanos en el Mundo”, lanzado este miércoles (25) por Amnistía Internacional.

El director ejecutivo de la organización en Brasil, Atila Roque, informó que el país es uno de los lugares donde más se mata en el mundo, superando a territorios con conflictos armados y guerras.

“Un país que pierde cada año casi 60 000 personas (para la violencia) claramente no ha logrado dar una respuesta adecuada al principio fundamental del Estado, que es proteger la vida. La evaluación es más dramática si consideramos que unos 30 000 [asesinados] son jóvenes de 15 a 29 años de edad”, explicó.

Otro grave problema señalado por la organización es la impunidad. Según el estudio, menos del 8% de los asesinatos son investigados por la Justicia brasileña. “Hay casi una licencia para matar, porque prácticamente solo se investigan los delitos cometidos en pleno día, delante de todos, entre conocidos, cuando todos vieron quienes fueron los culpables”, dijo Roque.

Recordó que Brasil alberga la cuarta mayor población carcelaria del mundo. “Hay más de 500 000 reclusos. Estamos deteniendo a muchas personas y lo estamos haciendo mal, porque hemos detenido a quienes no cometieron delitos violentos. Están en la cárcel quienes cometen delitos contra la propiedad, contra el patrimonio y por el delito de tráfico de drogas, que también es bastante controvertido”.

Según el informe, la militarización de la seguridad pública, con el uso excesivo de la fuerza y la confrontación con el enemigo, especialmente en zonas periféricas y favelas, contribuye para mantener el alto índice de violencia letal en el país. “La policía brasileña mató en un período de cinco años lo que Estados Unidos mató en 30 años. Y la policía estadounidense no es una de las más pacíficas del mundo. Entre los países desarrollados, es una de las que más matan”, resaltó el director. Por otro lado, recordó que los policías también son víctimas, y que es elevado el número de agentes asesinados.

Entre los casos citados por la Amnistía, se destacan el asesinato del albañil Amarildo de Souza en 2013; la polémica detención de Rafael Braga Vieira, único condenado durante las manifestaciones de junio de 2013; el masacre ocurrido el último noviembre en Belém, estado de Pará, cuando 10 personas han muerto a manos de agentes de la Policía Militar; en motín en la prisión de Pedrinhas, en el estado de Maranhão; el riesgo de retrocesos en las leyes relacionadas con la demarcación de tierras indígenas y la penalización del aborto; la violenta represión de las manifestaciones antes y durante del Mundial de fútbol, además de la demora del Congreso brasileño en ratificar el Tratado sobre el Comercio de Armas.

Las recomendaciones dirigidas al país incluyen la elaboración de un plan nacional de metas para la reducción de los homicidios, la desmilitarización y la reforma de la policía, con mecanismos de control externo, mejores condiciones de formación y trabajo para agentes de seguridad, e inteligencia durante las investigaciones. La organización pide también la implementación de un plan destinado a proteger los defensores de los derechos humanos.

“Debemos hacer frente al tema de la reforma y de la reestructuración de la policía. Hay que pensar en la seguridad pública como un área de afirmación y no de violación de los derechos. Debemos pensar en la seguridad como parte de las políticas públicas y, por tanto, como un problema del Estado. La seguridad pública no es un asunto que concierne solamente a la policía. Es necesario difundir esa noción en Brasil para que podamos romper ese ciclo de terror”, resaltó Roque.

Como aspectos positivos, la organización citó la condena, en 1992, de 75 policías por matar a 111 reclusos durante el motín acaecido en la prisión de Carandiru; el establecimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Lucha contra la Tortura; la publicación del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad; y los avances en legislación en beneficio de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgéneros).

Traducción: Lucas Magdiel

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