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Rousseff veta seis puntos de la ley que regula el acceso a la biodiversidad

Al sancionar la ley que establece el Nuevo Marco Legal de la Biodiversidad, la presidenta Dilma Rousseff vetó seis puntos.

El veto principal está relacionado con la repartición de beneficios con las comunidades tradicionales.

Rousseff retiró la ley un párrafo que exentaba del pago de regalías productos con componentes de la biodiversidad cuya investigación, es decir, cuyo acceso al patrimonio genético o conocimiento tradicional se haya iniciado antes del 29 de junio de 2000, fecha de edición de la primera legislación sobre el tema. Con el veto, la exención solo será válida para aquellos que hayan iniciado la explotación económica del producto terminado –y no la investigación– antes de esa fecha.

“Al vincular la repartición de beneficios al acceso y no a la explotación económica, el dispositivo no se adecuaría a la lógica del proyecto. Además, no habría ningún mecanismo para asegurar la comprobación del acceso en la fecha fijada, lo que resultaría en dificultades operativas. En consecuencia, habría riesgo de distorsiones de competencia entre usuarios, que se agravaría en el caso de acceso en el exterior y también favorecería intentos de fraude a la regla de reparto de beneficios”, justificó la mandataria en el mensaje de veto.

Rousseff también retiró de la ley el Artículo 29, que definía los órganos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley de acuerdo con el área de actuación. Según la jefa de Estado, la distribución de esas responsabilidades es de competencia del Ejecutivo y no del Congreso Nacional.

También fueron vetados fragmentos que creaban la necesidad de autorizaciones adicionales para el acceso de los investigadores a los recursos de la biodiversidad o al conocimiento tradicional. “Tales procedimientos podrían resultar en una mera barrera burocrática, contraria a la lógica de la medida”, explicó la presidenta.

Uno de los avances de la nueva ley, según los expertos, fue justamente despenalizar la actividad científica. De acuerdo con la legislación en vigor, investigaciones llevadas a cabo sin la autorización del Consejo de Gestión del Patrimonio Genético eran clasificadas como biopiratería. Como el proceso de autorización es lento, muchos científicos trabajaban en la ilegalidad.

Traducción: Lucas Magdiel

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